Derogación íntegra del Real Decreto-ley 16/2025

El Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, ha quedado derogado tras no haber sido convalidado por el Congreso de los Diputados dentro del plazo constitucionalmente previsto. Conforme al artículo 86.2 de la Constitución Española, la falta de convalidación determina la pérdida automática de vigencia de la norma, sin perjuicio de los efectos producidos durante su aplicación temporal.

Resolución del Congreso y efectos normativos

La derogación se ha materializado mediante la Resolución de 27 de enero de 2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado, que ordena la publicación del Acuerdo parlamentario de derogación. Este acuerdo confirma la inaplicación de todas las medidas contenidas en el real decreto-ley, incluidas aquellas con efectos proyectados sobre el ejercicio 2026.

Medidas de vivienda y su fundamentación jurídica

En materia de vivienda, el real decreto-ley prorrogaba hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos en situaciones de vulnerabilidad, medida introducida inicialmente por normativa excepcional durante la crisis sanitaria. Asimismo, se mantenía el régimen de compensación a los arrendadores afectados, conforme a la legislación vigente. Estas medidas se articularon mediante real decreto-ley en un contexto de prórroga presupuestaria, atendiendo a la doctrina del Tribunal Constitucional y a los informes del Consejo de Estado sobre el uso de esta figura normativa en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad.

Medidas laborales y continuidad del salario mínimo

Desde la perspectiva laboral, el Real Decreto-ley 16/2025 prorrogaba transitoriamente la vigencia del salario mínimo interprofesional de 2025 hasta la aprobación del correspondiente a 2026. Esta previsión tenía como finalidad garantizar la continuidad del marco retributivo mínimo y evitar un vacío normativo con impacto directo en las relaciones laborales.

Contenido tributario y alcance de la derogación

En el ámbito tributario, la norma contemplaba la prórroga de beneficios fiscales en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades, especialmente en materia de eficiencia energética y movilidad eléctrica. Asimismo, se mantenían los límites y condiciones de los regímenes de estimación objetiva del IRPF y del régimen simplificado del IVA, junto con la imputación de rentas inmobiliarias. El texto regulaba también la exención en el IRPF de ayudas por daños personales derivados de incendios forestales, emergencias de protección civil y la DANA, así como los coeficientes aplicables en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La derogación del real decreto-ley comporta la inaplicación de todas estas medidas, que requerirán una nueva cobertura normativa para su eventual restablecimiento.